| A partir del
18 de marzo, efectivos de la policía
política del Ministerio del Interior
de Cuba iniciaron la detención de
78 ciudadanos pertenecientes a agrupaciones
de la creciente sociedad civil: miembros
de partidos políticos, asociaciones
de defensa de los Derechos Humanos, periodistas
y bibliotecarios independientes, todos ellos
privados de un marco legal dentro del actual
sistema político.
Se han realizado intensos y aparatosos
operativos policiales que, entre otros
objetivos, persiguen el de amedrentar
a la población: calles cerradas,
gran despliegue de agentes, perros policía;
medios evidentemente innecesarios para
detener a opositores pacíficos
y desarmados que en ningún caso
han ofrecido resistencia.
Las viviendas de los detenidos han sido
allanadas y en ocasiones los registros
se han prolongado por más de diez
horas en presencia de familiares, incluso
menores de edad. La policía política
ha confiscado libros, documentos, correspondencia,
ordenadores, máquinas de escribir,
impresoras, aparatos de fax y otros medios
de trabajo intelectual.
La principal acusación contra
los arrestados es la de mantener contactos
con el jefe de la Sección de Intereses
de Estados Unidos en Cuba, James Cason,
hecho que en el mundo democrático
no constituye delito alguno, pues es normal
que las representaciones diplomáticas
se relacionen con cualquier ciudadano
del país en el que residen.
Los detenidos han sido conducidos a "Villa
Marista", la cárcel del Departamento
de Seguridad del Estado, sin poder recurrir
al "habeas corpus" ni habérseles
permitido contacto con familiares y abogados
hasta el martes 25, y sin que se les hayan
instruido cargos concretos.
El gobierno cubano ha amenazado con aplicar
sus leyes "con el rigor que sea necesario"
a quienes considera traidores "al
servicio de una potencia extranjera".
Los disidentes podrían ser juzgados
bajo la Ley de Protección de la
Independencia Nacional y la Economía
de Cuba, más conocida como "Ley
Mordaza", que permite el ejercicio
discrecional de la represión y
contempla sanciones de hasta 20 años
de prisión por "delitos"
tales como colaborar en medios de prensa
ajenos a la prensa oficial cubana, aceptar
retribución por ello, o cualquier
tipo de donación no autorizada
por el gobierno; tener o distribuir lo
que el gobierno considere "material
subversivo (publicaciones independientes)";
perturbar el orden público mediante
cualquier manifestación disidente
(es decir, discrepante de la política
oficial); hechos agravados si se ejecutan
entre dos o más personas.
Entre los detenidos se encuentran el
poeta y periodista Raúl Rivero;
el académico Héctor Palacios,
director del Instituto de Estudios Sociales
y Políticos; los economistas Oscar
Espinosa Chepe y Martha Beatriz Roque,
premio Heinz R. Pagels de Derechos Humanos
para Científicos, otorgado por
la Academia de las Ciencias de Nueva York;
así como un numeroso grupo de periodistas
caracterizados por dar cuenta objetivamente
de la realidad cubana fuera del marco
de la prensa oficial y varios activistas
del Proyecto Varela -una iniciativa promovida
por el último premio Sajarov a
la libertad de expresión otorgado
por la Comunidad Europea, Oswaldo Payá-,
que, avalada por las firmas de más
de 11.000 ciudadanos, solicita cambios
a favor de la libertad de expresión,
empresa, asociación, una amnistía
para los presos políticos y la
elaboración de una nueva ley electoral.
79 opositores pacíficos han sido condenados
a penas de hasta 28 años de cárcel por
delitos de conciencia.
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